Wooldy Edson Louidor del Servicio Jesuita a Refugiados para América Latina y el Caribe (SJR LAC), 17 de septiembre de 2012
La decisión que tomaron varios Estados y gobiernos de reanudar o intensificar las repatriaciones de las y los ciudadanos haitianos hacia su país de origen amenaza con empeorar la situación de precariedad y vulnerabilidad en la que se encuentra un gran número de esos migrantes caribeños en el continente americano.
Luego del terremoto del 12 de enero de 2010, varios países dieron una moratoria sobre las deportaciones de las y los migrantes haitianos por motivos humanitarios. Algunos gobiernos respetaron esta moratoria, mientras que otros la violaron.
Más de dos años y medio después de la tragedia, casi todos los gobiernos y demás autoridades del continente americano levantaron dicha moratoria, anunciando la reanudación o la intensificación de las operaciones de repatriaciones de las y los ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular en sus respectivos territorios.
Anuncio de la reanudación de las repatriaciones por las islas Turcos y Caicos
Las autoridades británicas de las islas Turcos y Caicos anunciaron el pasado 6 de septiembre de 2012 la reanudación de las deportaciones de migrantes haitianos irregulares que llegaron a su territorio antes del 12 de enero de 2010.
“El levantamiento de la moratoria sobre la deportación [hacia Haití] es una decisión del Ministerio del Control fronterizo y del Trabajo en vistas a aplicar la ley de manera firme, justa y eficaz”, declaró a varios medios de comunicación la secretaria permanente de este organismo ministerial de las islas británicas, la Sra. Clara Gardiner.
“A través de la consolidación de nuestras capacidades de inteligencia y de la firma de un protocolo conjunto con la Policía, estamos identificando todas las amenazas e individuos que intentan quebrar la integridad de nuestras fronteras tales como los boat-people [migrantes indocumentados que llegan al territorio en botes], los coyotes [traficantes de migrantes] y otros traficantes; buscamos a los migrantes implicados en actividades criminales o a los que son nocivos para nuestras comunidades”, afirmó ella en tono firme.
Reanudación de las deportaciones desde las Antillas francesas
Algunas organizaciones de defensa de derechos de los migrantes en Francia y en los territorios de ultramar denunciaron, en un comunicado de prensa difundido el pasado 6 de septiembre de 2012, la reanudación de “las repatriaciones hacia Haití desde las Antillas; medidas que, teóricamente, fueron suspendidas desde el terremoto del 12 de enero de 2010”.
Esas organizaciones, entre ellas Collectif Haïti de France (CHF) y Comité Inter Mouvements auprès des Évacués (CIMADE), fustigaron la decisión de las autoridades de la isla Guadalupe de expulsar hacia Haití a un padre de nacional francés.
El migrante haitiano fue interpelado « por la policía en las fronteras francesas, mientras que estaba en su lugar de trabajo en Guadalupe”. Luego, “fue detenido” y “llevado al centro de detención administrativa de Morne Vergain (Guadalupe) para ser expulsado a Haití”, expresaron, indignados, esos colectivos de derechos humanos.
“Cuando la organización CIMADE preguntó en el Ministerio del Interior francés sobre esta situación tan grave [la reanudación de las repatriaciones de haitianos hacia Haití], no se le dio ninguna respuesta, hasta la fecha ”, explicaron, perplejos.
210 migrantes haitianos esperan una decisión del gobierno brasileño en la frontera Acre
210 migrantes haitianos se encuentran actualmente varados en la ciudad brasileña de Brasileia, fronteriza con Perú y Bolivia, esperando una decisión del gobierno brasileño sobre su situación.
Las autoridades locales de Brasileia habían empezado a brindar ayuda humanitaria a esos migrantes que llegaron a su territorio en un estado muy crítico (deshidratados y con mucha hambre), luego de haber caminado durante varios días en la selva amazónica a través de Bolivia.
Los 210 migrantes provienen de la localidad peruana de Iñapari, fronteriza con Brasil y Bolivia por el lado del río Acre, donde no habían recibido asistencia humanitaria durante meses, mientras que Brasil estaba determinado a mantener cerrada su frontera.
Las autoridades locales de Brasileia se muestran cada vez menos dispuestas a mantener la asistencia humanitaria debido a la falta de fondos financieros; pero dijeron que ya habían informado al gobierno central de Brasilia, que deberá decidir si va a regularizar o expulsar a los migrantes haitianos (no se sabe si es hacia Perú o hacia Haití).
“El gobierno brasileño se propone luchar contra la criminalidad organizada que saca provecho de esas migraciones”, sostuvo el canciller brasileño, Antonio Patriota, quien subrayó cuán mínima es la posibilidad para su gobierno de regularizar a más ciudadanos haitianos mediante la otorgación de visas humanitarias de residencia.
Los migrantes haitianos irregulares en Ecuador, también amenazados por repatriaciones
En un control migratorio que realizó en Quito el pasado mes de julio, la Policía de Migración de Ecuador detuvo a un migrante haitiano en situación migratoria irregular en las calles de la capital ecuatoriana.
Al final de un juicio que se le hizo al migrante en una primera Audiencia de Deportación, una instancia judicial de Quito le dio un plazo de 90 días para regularizar su estatus migratorio. Vencido el plazo, una orden de repatriación fue emitida contra el migrante que no pudo regularizar su situación migratoria.
Se espera en los próximos días un fallo de la Corte Constitucional sobre el caso, en base a una consulta que ha sido elevada a su jurisdicción.
El futuro de los migrantes haitianos en Ecuador depende en gran medida de este fallo, en la medida que representará un importante precedente.
Mientras tanto, las organizaciones de derechos humanos y los mismos migrantes siguen pidiendo la no deportación de todos los ciudadanos haitianos en situación irregular en Ecuador.
¿La nueva administración dominicana mantendrá la misma política migratoria?
Bajo la nueva administración del presidente Danilo Medina, la Dirección General de Migración de la República Dominicana continúa realizando repatriaciones de migrantes haitianos “con los procedimientos irregulares de épocas anteriores”, denunció el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM Jimaní) en un comunicado de prensa que difundió el pasado 10 de septiembre.
Dichos procedimientos irregulares consisten en el irrespeto a “los convenios internacionales suscritos por la República Dominicana en materia de derecho humanos de los migrantes y sus familias”, así como en el incumplimiento del Protocolo de entendimiento sobre los mecanismos de repatriación entre República Dominicana y Haití de 1999.
¿La nueva administración dominicana continuará la misma política migratoria, marcada por repatriaciones de ciudadanos haitianos sin respetar el debido proceso, la desnacionalización de dominicanos de origen haitiano y la violación de los instrumentos de derechos humanos a nivel internacional y regional?
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